Resulta interesante cómo en este momento, prácticamente todo el espectro político pareciera reconocer que la Constitución de 1980 no debe mantenerse como la base normativa de nuestra sociedad. En este contexto de rayado de cancha, las posturas se transparentan y es posible observar, parafraseando a Carmen Frei, cuál es la forma en que movimientos y partidos se hacen relevantes, ya sea para cambiar un orden injusto, ya sea para mantenerlo.
Resulta claro, en esa línea de pensamiento, que el reconocimiento sobre el agotamiento de la Constitución vigente no tiene la misma profundidad ni significado en todos los sectores. Hay quienes presentan un esbozo de cambio, pero desde posiciones privilegiadas y conservadoras, apostando por hacer modificaciones menores que no alteren el modelo de sociedad que nos fuera impuesto.
Estas mínimas propuestas de modificaciones que se han anunciado con bombos y platillos, son miopes al hecho de que es precisamente el modelo de sociedad el que está agotado. La desigualdad, la exclusión y los abusos que han sido propiciados por la forma de organizarnos que dispuso la Constitución vigente, son causas inmediatas de la crisis que vivimos y que se intensificó peligrosamente en 2019. La aprobación de la nueva Constitución es el punto cúlmine para superar esta crisis social, permitiéndonos cerrar este camino de forma institucional y democrática.
Algo que marca el texto de 1980 y que ha significado graves problemas para la convivencia, es su desconfianza hacia la democracia. Si bien entre su creación y ahora ha habido modificaciones, estas nunca han apuntado a cambiar este modelo de sociedad, defendido por los conservadores con las herramientas que la propia Constitución puso en sus manos para evitar los cambios. Esto ha afectado no solo a la distribución del poder, sino también la vida cotidiana de las personas, forzadas a convivir con la injusticia.
El plebiscito del 4 de septiembre tiene mucho más que ver con esta discusión que con las que se están dando sobre el contenido de una u otra norma en específico. La nueva Constitución sí cambia la propuesta de sociedad, reconociendo la realidad chilena, proyectándola y trazando un camino certero hacia el mañana. En base a nuestra cultura solidaria, entiende que la búsqueda de igualdad e inclusión son un objetivo, mientras reconoce la diversidad existente, saliendo del esquema de estandarización y división socio-económica, característico de la Constitución actual.
En la búsqueda de igualdad, democracia y justicia, incorpora una descentralización efectiva, consagra la paridad, protege a las familias, reconoce a los pueblos indígenas, contiene mecanismos de participación ciudadana y establece derechos sociales en un Estado social y democrático de derecho, entre otros. Adicionalmente, le hace frente a los desafíos del siglo XXI, considerando derechos digitales, la ciencia, la innovación y, lo más importante, generando una estructura robusta para gestionar la crisis climática y ecológica, que será un ejemplo a nivel global.
El cambio constitucional no es solo un proceso de integración de algunas preocupaciones o de actualización normativa, sino que es una elección sobre cómo hacemos calzar esta estructura jurídico-política con la realidad social, ayudando a esta última a moverse en una dirección que nos posibilite estar mejor. Aprobar la nueva Constitución nos permite avanzar con mayores certezas, superando parte de las dificultades actuales y proyectándonos, con esperanza, hacia el Chile del mañana.
Director ejecutivo de ONG FIMA y vocero de Aprueba x Chile