Maristella Svampa y Enrique Viale: Entre el negacionismo y la cancelación de las demandas indígenas en Argentina

  • por
Andrés Kogan Valderrama

«El aumento del nivel de racismo y de intento de cancelación de las demandas indígenas que hoy se replica en grandes medios de comunicación es tal que, ninguna sociedad que se considere mínimamente democrática, puede pasarlo por alto».

Una vez más asistimos a la instalación de una virulenta campaña anti-indígena, orquestada para demonizar al pueblo mapuche, en un contexto de fuerte avance del extractivismo y de megaproyectos inmobiliarios en todo el país, muy particularmente en la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto. Sin embargo, el aumento del nivel de racismo y de intento de cancelación de las demandas indígenas que hoy se replica en grandes medios de comunicación es tal que, ninguna sociedad que se considere mínimamente democrática, puede pasarlo por alto.

Un reflejo de ello fue el programa de Jorge Lanata, Periodismo Para Todos, trasmitido el domingo pasado por Canal 13. Anunciaba con grandes títulos “Indios al ataque”, frase aplicada sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia mientras una voz en off en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta”. Aunque los zócalos anunciaban el inminente informe (“Son los nuevos terroristas”, “Hay violencia y miedo en la Patagonia”), este llegó cuando ya promediaba el programa y duró cerca de 13 minutos.

En dicho informe no se presentaron pruebas de ningún tipo, ni documentales ni testimoniales, respecto del incendio del club Piltriquitrón de El Bolsón. Alguien señaló que algunos panfletos decían “El agua no se vende”, lo que al parecer constituía razón suficiente para acusarlos del incendio, pues ésta “es una clásica consigna de los mapuches en la zona». El programa alternó el montaje de imágenes de incendios con la de las fuerzas de seguridad. Se escuchó la voz de Romina Jones Huala defendiendo la toma de Cuesta del Ternero en el Bolsón, una zona ya militarizada. Con un total desprecio e ignorancia acerca de los derechos colectivos de los pueblos originarios, el conductor habló “del viejo e insólito reclamo: el de la nación mapuche”, (¿) que busca independizarse de la Argentina (?).

Lo de PPT no es el único ejemplo. Pero basta como botón de muestra, sobre todo si está en el prime time de la televisión privada argentina. (Mensaje a lo/as lectores: prueben insertar otro colectivo, pueblo o religión en el título del informe).

La reactualización de la campaña anti-indígena nos llama a reflexionar con urgencia sobre varios temas cruciales. Primero, ésta siempre viene de la mano de grandes medios de comunicación, los cuales exacerban la discriminación. Tengamos en cuenta que en noviembre de 2017, esta terminó con la muerte del joven Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por la Prefectura.

Como una suerte de repetición, la base recurrente de estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea, la cual consecuentemente define los marcos de una única ciudadanía legítima. El jurista Boaventura de Sousa Santos describe como pocos el dispositivo monocultural europeizante que apunta a invisibilizar otras culturas y otros modos de habitar los territorios. Este pilar del colonialismo lleva siglos en funcionamiento pero se actualiza al calor de las dinámicas de acumulación del capital y sus conflictos.

En Argentina el hecho de discriminar a las comunidades mapuches no solo está “permitido”, sino que pareciera que no conlleva costos políticos. Incluso para algunos es rentable mediáticamente ya que puede ser utilizada para profundizar aún más la llamada grieta entre gobierno y oposición, al denunciar la supuesta inacción del oficialismo y/o su complicidad ante el “nuevo terrorismo”. Pero en realidad para una parte del establishment mediático-político, de lo que se trata es de romper con la lógica binaria hacer converger los polos de la derecha, tal como lo expresan de modo paradigmático las declaraciones de la candidata de Juntos, Maria Eugenia Vidal y el ministro bonaerense Sergio Berni, que coincidieron en hablar de “terrorismo”, para ir asentando las bases de un consenso anti-indígena.

Segundo, la campaña anti-indígena no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país. Atrasa la discusión, pues viola legislación internacional, nacional y provincial, que lleva vigente ya más de treinta años. A nivel internacional podemos nombrar el Convenio 169 de la OIT (suscripto por Argentina) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, sólo como alguno de los instrumentos que que interpela a los Estados Nacionales a abandonar la senda de la monoculturalidad, del racismo y del negacionismo. La Constitución Nacional, art. 75 inciso 17, reconoce «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas» y garantiza «la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que ancestralmente ocupan…».

Sabemos que no es fácil. Es una gestión compleja para la que no tenemos un manual de respuestas predeterminadas, pues se trata de un modelo en construcción que propone ampliar los horizontes de la democracia y los derechos. Sin embargo, esto está lejos de sintetizar la experiencia argentina. Algunos ejemplos de interculturalidad y de co-manejo de tierras en Parques Nacionales comienzan a asomar, pero estos suelen ser cuestionados al calor de un racismo que reemerge como síntoma de una estructura de dominación de larga duración, además de estar amenazados en su continuidad por los cambios en la orientación de las políticas de gobierno.

Luego del genocidio perpetrado por el ejército argentino en el siglo XIX, gran parte de los pueblos indígenas fueron empujados a territorios considerados zonas marginales o de fronteras. Sin embargo, desde hace un par de décadas esos territorios han sido revalorizados por el capital, en función de la expansión de la gran minería, la explotación petrolera (con o sin fracking), la frontera agraria (soja) y los megaemprendimientos turísticos y urbanísticos, los latifundios, entre otros. Es curioso, pero en una Patagonia hipermercantilizada, aquellos que han logrado crear un Estado dentro del Estado no son precisamente las comunidades mapuches a las cuales se execra y muchas veces se condena a vivir en la pobreza. Son nombres poderosos como el de Luciano Benetton (el mayor latifundista del país) y el magnate inglés Joe Lewis, quienes concretan esa experiencia. Hoy, Lewis -al que ni los fallos de la Suprema Corte de Justicia de Río Negro hicieron retroceder en relación al acceso público al Lago Escondido- vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En agosto de este año, entre gallos y medianoche se conoció la habilitación que el ejecutivo provincial, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, otorgó a la empresa Laderas de Perito Moreno SA, vinculada a Lewis, para desarrollar en Pampa de Ludden (El Bolsón), un megaproyecto inmobiliario que afectará los bienes naturales de la zona. La habilitación provincial desconoció la vigencia de una “orden judicial de no innovar” y aprobó el cambio de uso de suelo para el desarrollo sobre 287 hectáreas de bosque nativo protegido por Ley Nacional donde se encuentran las vertientes de agua de Mallín Ahogado. No es casualidad que esta embestida antimapuche ocurra en un momento en el cual las población de la zona -indígena y no indígena- esté reclamando contra este megaemprendimiento que, de concretarse, reconfiguraría los territorios e implicaría un avance en zonas hasta hace poco protegidas, por su valor en agua y producción de alimentos.

En medio de esto surge otro dato esencial, de relevancia nacional: el próximo 23 de noviembre vence el plazo establecido en la Ley Nacional 26.160 que suspende los desalojos de tierras indígenas. Sucede cada cuatro años. La mayor parte del poder político y económico no apuesta a la prórroga de esta Ley y mucho menos a un horizonte en el cual se discuta una ley de propiedad comunitaria. No quieren «obstáculos» para el avance de las transnacionales extractivistas, aun si está claro que esto recrudecerá la conflictividad social y territorial ya existente, además de dejar a la intemperie procesos iniciados y pendientes de relevamiento de las comunidades indígenas. Así, el racismo contra los indígenas no solo sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador, sino que cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios.

Ante esta campaña de odio racial, el verdadero desafío es no tener miedo de emprender una verdadera batalla cultural para romper con las visiones y discursos demonizantes. El momento exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Esta intervención no solo permitiría desmontar el consenso anti-indígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino, en nombre de la plurinacionalidad.

Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de mal desarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida. Para ello hay que tender puentes, desmontar mitos y falsedades, descolonizar nuestras mentes y palabras, para comenzar a saldar la enorme deuda histórica que el Estado nacional y gran parte de nuestra sociedad tiene para con los pueblos indígenas.

Fuente: https://www.eldiarioar.com/politica/negacionismo-cancelacion-demandas-indigenas_129_8430267.html