Eco-constituyentes por el Buen Vivir: ¡ ALERTA ! Prórroga de Ley de Riego 18.450

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Andrés Kogan Valderrama

¡ALERTA ! Prórroga de Ley de Riego 18.450. O cómo la sordera del parlamento nos puede matar de hambre y sed

Eco-constituyentes por el Buen Vivir:  Constanza San Juan, D 4; Consuelo Infante, D5; Daniela Albornoz, D6; Alvin Saldaña, D15; Gloria Alvarado,D16

Actualmente se discute en el congreso la prórroga de la Ley 18450, la ley de riego, que desde 1985 ha subsidiado la expansión de plantaciones desconocidas hiperdemandantes de agua (paltos, cítricos, uvas), arrasando con los ecosistemas nativos y secando aceleradamente nuestras cuencas, frenar esta situación es clave, pero el gobierno no quiere entender.

En diciembre de este año esta ley pierde su vigencia, por eso aceleradamente y sin participación territorial se discute su prórroga, pensando extenderla por 12 años más. La Comisión Nacional de Riego consigna en la introducción que los beneficiarios han sido en un 80% los pequeños agricultores, lo que es desmentido por todas las organizaciones campesinas. ¿La CNR está mintiendo? No, solo manipula la realidad a pedido de los sectores político empresariales a los que sirve. Si a usted le dicen pequeño productor, usted se imaginará una familia trabajando en su huerta, sin embargo no es así, quienes se dedican a las actividades diversas y de pequeña escala del campo, no caben en la ley, solo sufren sus impactos, viendo la proliferación de megaestanques que concentran las aguas cuando otros sectores deben abastecerse con camiones aljibes, o sufren entubamientos que secan el territorio e impiden la infiltración en las napas, pero como las decisiones se toman por cantidad de acciones y no por usuarios, terminan definiendo los empresarios que concentran y acaparan las aguas. De hecho, el campesinado y la agricultura de subsistencia, siquiera está siendo censada en el censo agropecuario en curso, que perpetúa la comprensión de la productividad en términos monetarios. Es decir, cuando las desigualdades han hecho estallar al país, quieren seguir inviabilizando el acceso al agua a las y los habitantes de los territorios, excluyéndonos además de las cifras que definirán la asignación de recursos y políticas públicas para los próximos años.

Por otro lado, tal como el proyecto de ley reconoce el sector agrícola consume más del 80% de las aguas de riego, y a su vez existen estudios, entre ellos de la U de Chile y de la UC, que señalan que en las últimas tres décadas los caudales de cuencas tales como Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre 13 y 37 por ciento, y que en las próximas tres décadas la disminución de caudales puede superar el 50%, entonces resulta completamente inexplicable que en este contexto no se incorporen criterios ecológicos claros en la prórroga,

cautelando en primer término la restauración de los ecosistemas que hacen posible la disponibilidad hídrica y la vida. El criterio confesado por el propio proyecto es seguir incrementando la superficie de riego para proveer al mercado de exportación hacia el hemisferio Norte en el mismo curso suicida de acción ya evidenciando por Contraloría en relación a la sustitución de bosque nativo por plantaciones en laderas de cerro.

Además de ello, la ley elude considerar la categoría de campesino en la asignación de recursos y persiste en los vicios que tergiversan la de “pequeño agricultor”, pudiendo extenderse sus beneficios a cualquiera clase de propietario menor a las 12 hectáreas, incluso podría beneficiarse a quien tenga varios predios de esas superficies. El proyecto sigue subsidiando a quien más tiene y mediante concurso, incumpliendo con el deber del Estado de asegurar el acceso al agua a todos, no sólo a quienes hacen lobby para concentrarla. No olvidar que existe un compromiso internacional de Chile a no subsidiar la industria de exportación por el impacto que esto tiene además al empujar al alza el valor de los alimentos en el mercado interno, y los efectos de su incumplimiento están a la vista.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijan metas en torno a duplicar la producción de la agricultura de pequeña escala como lo es la agricultura familiar campesina de aquí al 2030, aumentar la sustentabilidad de los sistemas de producción y conservación ecosistémica (ODS N° 2, 2.3 y 2.4), todos ellos elementos imprescindibles para garantizar el derecho a comer, violado por esta ley que hará inviable la producción campesina de alimento sano, sin químicos y que fomente la diversidad. Otra meta de desarrollo sostenible suscrita por el país, tiene que ver con el restablecimiento de ecosistemas y aseguramiento de la sostenibilidad de la provisión de agua, incorporando la gestión integrada de las cuencas (ODS N° 6, 6.4, 6.5 y 6.6), cuestiones obviadas en este proyecto de ley. Esto es criminal, en las actuales condiciones de concentración del agua en los territorios y de trastorno climático, no se pueden tramitar leyes a la rápida y sin participación, menos con un proceso constituyente en curso. Ya no hay agua para seguir expandiendo la superficie de riego, la que queda, hoy más que nunca, debe ser asegurada para la reparación ecosistémica, el consumo humano y la soberanía alimentaria, que asegure la continuidad de la vida en los campos y en las ciudades.