Saltar al contenido

Cormac Cullinan: Derechos de la Naturaleza

  • por

La mayoría de las civilizaciones contemporáneas están organizadas para maximizar el Producto Interno Bruto (PIB) con métodos que degradan el medio ambiente y contribuyen al cambio climático.  Es probable que se colapsen durante el siglo XXI, a menos que puedan ser reorientadas para favorecer el bienestar humano mediante la mejora de la integridad y la vitalidad de las comunidades ecológicas de las que forman parte. Los defensores de los derechos de la Naturaleza (también conocidos como los derechos de la Madre Tierra) argumentan que para lograr esta transición, los sistemas legales que todos los aspectos de la Naturaleza son sujetos legales que tienen derechos intrínsecos y que se deben defender tales derechos. El reconocimiento legal de los derechos de la Naturaleza contextualiza los Derechos humanos como una expresión de los derechos de la Naturaleza específica de la especie (ya que las personas son parte de la Naturaleza) que genera el deber, tanto de los seres humanos como de las personas jurídicas, de respetar tales derechos.

El reconocimiento legal de los derechos de la Naturaleza, como los derechos humanos, se conciben como derechos inherentes e inalienables que surgen de la mera existencia del titular de los mismos. Esto significa que todo ser o aspecto de la Naturaleza (incluida las personas) debe tener, como mínimo el derecho a existir, el derecho a ocupar un lugar físico y el derecho a interactuar con otros seres de una manera que le permita cumplir con su singular papel en los procesos ecológicos y evolutivos.

Las expresiones contemporáneas más significativas de los derechos de la Naturaleza son la Constitución de Ecuador, que fue adoptada en septiembre de 2008, y la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (UDRME), proclamada por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia, el 22 de abril de 2010. La Constitución de Ecuador establece: “La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y existe la vida, tiene derecho a existir, perdurar, y mantener y regenerar su ciclos vitales, su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos” (artículo 72). La Constitución deja claro que el reconocimiento de los Naturaleza pretende crear un marco dentro del cual los ciudadanos pueden disfrutar de sus derechos y ejercer sus responsabilidades, para alcanzar el bienestar a través de una convivencia armónica con la Naturaleza.

Además, aporta un marco de referencia que requiere que tanto el Estado como las personas privadas respeten y preserven los derechos de la Naturaleza, obligando al Estado a garantizar un modelo de desarrollo que sea coherente con dichos derechos. La legalización de Nueva Zelanda reconoce al río Whanganui y el área de Te Urewera como entidades legales con derechos. Los tribunales de la India han reconocido a los ríos Ganges y Yamuna, a los glaciares Gangotri y Yamunotri, de los cuales surgen ambos ríos, y a los bosques y cursos de agua con ellos relacionados, como entidades legales con derechos; y el Tribunal Constitucional de Colombia ha reconocido a la cuenca del río Atrato como una entidad legal con derechos de “protección, conservación, mantenimiento y restauración”

La modernidad, el capitalismo y el consumismo tienen su origen la visión profundamente antropocéntrica de que los seres humanos están separados de la Naturaleza y pueden trascender sus leyes (excepcionalidad, humana), y que la Tierra es un conjunto de recursos que existe para favorecer la gratificación humana. Dado que se entiende que los recursos son escasos, resulta de suma importancia eliminar de la competencia a los demás, con el fin de obtener una mayor participación. Esta visión del mundo es la base de la mayoría de los sistemas legales actuales. La ley define a la Naturaleza (aparte de los seres humanos) como “propiedad” y otorga al propietario amplios poderes a la hora de tomar decisiones sobre estos “activos” y el poder de monopolizar sus beneficios. Esto proporciona el fundamento para los sistemas económicos y políticos que concentran la riqueza y el poder, legitimando las decisiones que priorizan los  intereses económicos a corto plazo de una pequeña minoría de humanos, sobre los intereses colectivos de la comunidad planetaria y de la vida misma.

Por otra parte, reconocer que la Naturaleza tiene derechos se basa en una cosmovisión ecocéntrica que ve a los humanos como una forma de vida o aspecto particular de la Tierra que tiene un papel único, pero no preeminente, dentro de la comunidad de la Tierra. Por ejemplo, el Preámbulo y el primer artículo de la UDRME se refieren a la Tierra como una comunidad viva y autorregulada de entes interrelacionados que sostiene  a todos los seres y, por consiguiente, prioriza la conservación de la integridad y la salud de toda la comunidad de la Tierra. Los defensores de los derechos de la Naturaleza destacan los hallazgos de las ciencias como la física cuántica, la biología y la ecología, que aportan evidencias de que cada aspecto del cosmos está interconectado y por lo tanto refutan las creencias generalizadas de que los seres humanos están separados y son superiores a la Naturaleza. Este enfoque también se basa en las antiguas tradiciones de sabiduría y en las cosmologías de los pueblos indígenas, que ven a la Tierra como una comunidad sagrada de vida y plantean que los humanos deben mantener relaciones respetuosas con los demás seres.

La jurisprudencia de la Tierra y los derechos de la Naturaleza plantean un desafío fundamental a todos los aspectos del discurso convencional sobre el “desarrollo”, y también al capitalismo y al patriarcado. Ambos sugieren una interpretación diferente del papel de la humanidad, el propósito fundamental de las sociedades humanas y de cómo promover el bienestar humano. Por ejemplo, desde una perspectiva ecocéntrica, se entiende por “desarrollo”  el proceso mediante el cual un individuo adquiere mayor profundidad, complejidad, empatía y sabiduría mediante la interrelación o el “inter-ser” con la comunidad de la vida. Esta es la antítesis del significado contemporáneo de “desarrollo” que implica explotar y degradar los sistemas naturales complejos para incrementar el PIB.

Desde 2008, los derechos de la Naturaleza y la jurisprudencia de la Tierra se han convertido en un aspecto cada vez más destacado en el discurso de los movimientos sociales, los activistas por la justicia social y ambiental y los pueblos indígenas de todo el mundo. Estos conceptos se han convertido en un tema central de los debates dentro de Naciones Unidas, sobre “Vivir en armonía con la naturaleza”, y han incorporados a los manifiestos de varios partidos políticos verdes y eco-socialistas. Los derechos de la Naturaleza y la jurisprudencia de la Tierra abordan las raíces más profundas de los problemas ambientales y sociales contemporáneos, proporcionan un manifiesto que trasciende la raza, la clase, la nacionalidad y la cultura, fundamentado en una comprensión de cómo funciona el Universo; un entendimiento que es más acertado  que las  visiones del mundo antropocéntricas, mecanicistas y reduccionistas, y que proporciona los cimientos para un movimiento global basado en los derechos. Un manifiesto que puede cambiar las normas en pos de un comportamiento humano aceptable, como se ha hecho con los derechos humanos. Estas fortalezas significan que, aunque el movimiento por los derechos de la Naturaleza todavía está en sus inicios, es probable que su influencia continúe acelerándose hasta llegar a tener un profundo impacto global.

 

Extraído del libro Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo (Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, Alberto Acosta (coords.)